Colectivas feministas logran destitución de funcionario público estatal por ser deudor alimentario y violentador vicario.
Fany Almazán
Luciérnaga Noticias
¡Ni un deudor alimentario en la función pública! ¡Ningún violentador económico en los espacios de toma de decisiones!
Las mujeres siguen siendo objeto de violencia en todas sus formas, entre ellas la patrimonial y económica, que frecuentemente es generada hacia las mujeres e infancias por los mismos progenitores.
Según datos de Amnistía internacional, la violencia en contra de las mujeres en México ha registrado un alarmante aumento, así como su crueldad e impunidad.
Aproximadamente 22 mujeres son asesinadas al día en este país. Alrededor del 97% de los casos quedan impunes, además cuando las mujeres protestan sienten represión al hacerlo.
Y el Estado en vez de que se les proteja y de garantizar sus derechos humanos se les sigue violentando, se les revictimiza, desde las instituciones, desde los espacios que se jactan de apoyarles, pero en realidad no lo hace.
Por ello, cuando salen a las calles a exigir justicia, se convierten en el objeto de represión, en las incómodas, en las desobedientes.
Esta es la realidad de violencia contra la mujer en México, se perpetra en la familia, en la comunidad y por parte del Estado ¡La violencia institucional debe terminar!.
La alta tolerancia a la violencia es el caldo de cultivo para los feminicidios en este país, por eso debemos detener esta espiral de violencia.
Toda violencia en contra de la mujer si no se detiene a tiempo tiene repercusiones no solo para las mujeres, sino que permea directamente a las niñas, niños y adolescentes.
Por eso, desde “Deudores Alimentarios Michoacán”, la "Red Colectivas Feministas Michoacán", se dieron a la tarea y denuncian toda institución pública que atenta contra las mujeres y las infancias al permitir deudores alimentarios en cargos públicos también se jactan de reconocer la buena labor de trabajo cuando estas actúan en congruencia y respeto a estos derechos.
En ese sentido, han exigido que Lorenzo C. quién fué coordinador de Orientación legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de 2011 a 2015 y actualmente Subdirector Jurídico de Sí Financia de Gobierno del Estado, fuera removido de su cargo público por ser deudor alimentario y agresor de violencia vicaria.
Las colectivas *reconocieron* que finalmente las instituciones estatales hayan decidido quitarlo de este último puesto y cesarlo como funcionario, esperando que con él a cada uno de los violentadores que viven del erario público en la estructura de Gobierno se les desplace de esos lugares.
La Colectiva aseveró que estos pasos son ejemplos de congruencia y deben de ser replicados en todo el país.
La única manera para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes es tomando una postura seria y determinada para erradicar esta violencia y tolerándola en ninguna de sus manifestaciones.
Sin duda, la violencia en contra de las mujeres es uno de los mayores desafíos que tiene el gobierno mexicano; por ello las instituciones públicas deben ser las primeras en dar el ejemplo con cero tolerancia a todo tipo de violencia en contra de las mujeres.