La pobreza no tiene ambulancia

* El caso de Miguel Ángel y lo que el sistema de salud le debe a los que menos tienen

En 2017, una imagen sacudió a México con la brutalidad silenciosa que solo la desigualdad sabe producir. Una mujer de 25 años, sentada en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) de la Ciudad de México, cargaba entre sus brazos un bulto envuelto en cobijas y bolsas de plástico. No era basura. Era Miguel Ángel, su hijo de cinco años, muerto esa madrugada por una arritmia cardíaca no tratada.

La policía la detuvo. Los peritos dictaminaron: muerte natural. No hubo violencia física. Hubo algo peor: la violencia estructural de un sistema que nunca le ofreció a ese niño una sola cita médica oportuna, un solo estudio clínico, un solo diagnóstico a tiempo.

El crimen que no se procesa

México tiene un andamiaje institucional de salud que, visto en papel, parece suficiente: IMSS, ISSSTE, INSABI —hoy convertido en el IMSS-Bienestar—, Centros de Salud de la Secretaría, clínicas del DIF. Sin embargo, el 48% de la población mexicana vive en situación de pobreza según las cifras más recientes del CONEVAL, y para ese sector mayoritario, el sistema de salud no es un derecho ejercido: es una puerta que casi siempre está cerrada o que exige un costo que no se puede pagar.

Una arritmia cardíaca en un niño de cinco años no es una sentencia de muerte si existe acceso a atención médica básica. Es tratable. Es detectable. Un electrocardiograma, una valoración pediátrica, un seguimiento mínimo. Pero eso requiere desplazarse, pedir permiso en el trabajo, tener transporte, tener tiempo, tener dinero para medicamentos. Requiere, en una palabra, tener. La madre de Miguel Ángel no tenía. Y entonces su hijo murió.

Lo que revela la política pública

El caso no es anecdótico; es diagnóstico. Señala al menos tres fallas estructurales que el sistema de salud mexicano arrastra sin resolver:

1.  La cobertura efectiva no equivale a cobertura real.  México ha alcanzado indicadores formales de cobertura en salud que no se traducen en acceso real para las poblaciones rurales, indígenas y en pobreza extrema. Tener una clínica a 40 kilómetros de distancia, sin transporte y sin médico de guardia permanente, es lo mismo que no tenerla.

2.  La salud infantil en zonas marginadas sigue siendo la gran deuda.  Las enfermedades cardiovasculares congénitas y las arritmias en menores son detectables mediante tamizaje neonatal y revisiones pediátricas de rutina. México ha avanzado en el tamiz metabólico neonatal, pero su aplicación en comunidades rurales como Acambay —municipio de origen de la familia— sigue siendo irregular e insuficiente.

3.  La pobreza impone una lógica propia que el Estado no comprende ni atiende.  ¿Por qué esa madre no llamó a emergencias? Porque no tenía saldo en el celular. ¿Por qué no fue a un hospital? Porque no tenía dinero para el traslado, ni para los trámites, ni para una carroza fúnebre. La decisión de cargar el cuerpo de su hijo en brazos hasta la terminal para llevarlo a enterrar a su tierra no fue un acto de irracionalidad: fue la única opción que su realidad le dejó. Juzgarla desde la comodidad de una pantalla es el privilegio que muchos ejercen sin saberlo.

Cualquier estado en el espejo

Este caso ocurrió en el Estado de México, pero la radiografía duele igual, por poner el ejemplo: Michoacán, En municipios como Carácuaro, Nocupétaro, La Huacana o Churumuco —todos en la región de Tierra Caliente—, la distancia a un hospital de segundo nivel puede superar los 100 kilómetros en condiciones de camino difícil. Las unidades móviles de salud visitan con periodicidad irregular. El médico rural del IMSS-Bienestar, cuando existe, atiende poblaciones dispersas con insumos insuficientes.

En este contexto, una arritmia no diagnosticada en un niño michoacano no es un escenario imposible. Es una probabilidad que el sistema, si funciona correctamente, debe estar diseñado para prevenir. Y hoy, estructuralmente, no lo está.

Lo que se necesita, no lo que se promete

No se trata de más discursos sobre el derecho constitucional a la salud. Se trata de políticas públicas con presupuesto, seguimiento y evaluación. Algunos puntos concretos:

•         Tamizaje cardiovascular pediátrico universal, con énfasis en municipios de alta marginación.

•         Brigadas de salud con permanencia, no visitas esporádicas que no generan expedientes clínicos continuos.

•         Subsidio real al traslado de pacientes en zonas rurales, porque la distancia es también una barrera sanitaria.

•         Protocolos de atención a fallecimientos en pobreza extrema, para que ninguna madre tenga que cargar a su hijo muerto porque no puede pagar una carroza.

La pregunta que queda

¿Cuántas historias como la de Miguel Ángel ocurren cada semana sin que ninguna cámara las capture? ¿Cuántos niños mueren de enfermedades tratables en municipios donde el sistema de salud existe en el decreto pero no en la realidad?